Empieza de Cero

El derecho al honor

Pros y contras de la ley de segunda oportunidad
Derecho al Honor

Vulneración del Derecho al Honor.

Son numerosas las resoluciones judiciales en materia de vulneración al derecho al honor, destacando entre ellas las dictadas por Audiencias Provinciales, sobre reclamaciones efectuadas por la indebida inclusión de datos inexactos en ficheros de morosos, llegando a pronunciarse el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones.

En primer lugar es esencial  centrarnos en la base de los derechos fundamentales, honor e intimidad y como se ven afectados por los ficheros de morosos. Cuando hablamos de ficheros de morosidad nos referimos a registros que incluyen a quienes han incurrido en el impago de una deuda.

El tratamiento de nuestros datos personales para conocer si existen incumplimientos de obligaciones dinerarias esta permitido pero siempre que se cumplan una serie de requisitos y para ello vamos a comenzar citando a Sr. Villagómez Rodil  ponente en la STS de 5 de julio de 2004, según la citada sentencia los ficheros de morosos son un instrumento útil para las entidades mercantiles al incluir en el mismo a personas que, a su juicio, resultan no pagadoras e incluso mal pagadoras y sirve para comunicarse entre sí esta circunstancia que actúa como medida de advertencia para mantener o no relaciones comerciales con los inscritos como morosos.

No obstante, añade dicha sentencia, que dicha inclusión se presenta como una actuación sancionadora en potencia por las consecuencias de signo negativo que pueden afectar al inscrito en cuanto a sus relaciones comerciales futuras con las entidades bancarias y sobrepasa de forma afrentosa lo que podía ser seria y hasta necesaria información para la comunidad de negocios bancarios cuando se basa en hechos no veraces, es decir cuando se ha producido la inclusión de quien efectivamente no resulta deudor.

 

Normativa aplicable

 
El punto de partida no puede ser otro que el art. 18.1 CE, en cuanto que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, reconociendo el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información «veraz» por cualquier medio de difusión, destacando el artículo 18.4: La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Y en el artículo 8, apartado 1, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: 8.1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan.
 
Es por tanto, el primer pilar fundamental, la veracidad de la información a la hora de evaluar la existencia de una intromisión ilegitima del derecho al honor, otorgando al que publica la obligación de averiguar si la información es veraz.

Legislación aplicable

Como consecuencia de ese derecho fundamental, se desarrolla la legislación de protección de datos. Y dicha legislación, incluye, el Principio de Exactitud de los archivos de datos personales.
Según se cumpla o no, con esa exactitud, lo tribunales pueden considerar vulnerado su derecho, por los ficheros de morosos.
La exactitud implica, la fiel realidad que deben observar, todos los datos de carácter personal, archivados en un fichero.
Encontramos el principio de exactitud, desarrollado en el artículo 5.1.d del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que indica:
 

Artículo 5. Principios Relativos al Tratamiento.

Los datos personales serán:
d)  exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»); 
Como consecuencia de un derecho fundamental, este principio, es de aplicación a todas las modalidades de tratamiento automatizado de datos. Su incumplimiento, implica una vulneración del derecho al honor, y tiene especial transcendencia, respecto de los «registros de morosos».

Veámoslo con un ejemplo.

La publicación de unas deudas con una compañía telefónica, pueden ser causa de la denegación de una tarjeta de crédito. Pero ¿Y si usted no pagó a la compañía telefónica por que la deuda no era conforme? ¿Es real esa deuda? ¿Son exactos los datos publicados en cuanto a su solvencia?
Sobre este supuesto de tarjeta de crédito, resuelve  la STS 174/2018, de 23 de marzo. El Supremo, en aplicación de toda la jurisprudencia anterior, resolvió a favor del demandante. Consideró vulnerado el derecho al honor de la demandante, al publicarse una deuda que, constantemente, venía siendo rebatida. Y le reconoció además indemnización por los daños, que la demandante probó en juicio.
Requisitos legales para la inclusión en un fichero de morosidad
Para que los ficheros de morosidad puedan incluir los datos de personas físicas y jurídicas, la ley y la jurisprudencia exigen una serie de requisitos muy claros.
Si alguno de ellos no se cumple, la inclusión devendría de facto ilegal y por consiguiente supondría una intromisión ilegítima en el derecho al honor.

Artículo 29.4

El artículo 29.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establece que los responsables del tratamiento de datos “sólo podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquellos”.

Artículo 38

Ese precepto es desarrollado por los artículos 38 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica de Protección de datos, que establece los requisitos para proceder a dicha inclusión.
Los requisitos exigidos son los siguientes:
  • La certeza de la deuda reclamada, así como que sea vencida y exigible. 
    La jurisprudencia va más allá y exige que este tipo de deudas que se pretendan incluir en los ficheros sean deudas no discutidas. Las  deudas  de carácter incierto, dudoso, no pacíficas o sometidas a litigio no pueden ser incluidas en los ficheros ya que, al existir controversia, la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado.
    Por este motivo, sólo es lícita la inclusión en estos ficheros de morosos de aquellos deudores que no pueden o no quieren, de modo injustificado, pagar sus deudas, pero no de aquellos que legítimamente están discutiendo con el acreedor la existencia y cuantía de la deuda.
  • Información al afectado anterior a la inclusión.
    Conforme a lo previsto en los arts. 38 y 39 del Reglamento, existe una obligación de informar al acreedor en el momento de la celebración del contrato. Si no se ofrece esta información al contratante, no se podrá incluir sus datos en un fichero de morosidad posteriormente.
  • Que exista un previo requerimiento de pago.
    Es obligación de la empresa que reclama la deuda. Este requerimiento, en muchas ocasiones, no se da, y quien debe acreditarlo es la empresa.
  • El titular del fichero debe notificar la inclusión con al menos 30 días de preaviso. 
    Debe hacerlo a través de un medio fiable, auditable e independiente. Tendrá que indicar en dicha comunicación cuáles son los datos incluidos e informar al deudor de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  • Que la antigüedad de la deuda sea inferior a 6 años
    Si es anterior a eso, la deuda deberá ser cancelada de oficio por el fichero de morosidad.

Difusión o divulgación erronea de datos

En el caso de que como consecuencia de la difusión o divulgación de datos erróneamente incluidos en ficheros automatizados relativos a la solvencia patrimonial e incumplimiento de obligaciones dinerarias, se lesionen los derechos fundamentales al honor o a la intimidad personal, debe acudirse a la norma legal de desarrollo del art. 18,1 CE  esto es, la LO 1/1982, de 5 mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, especialmente debe mencionarse el art. 7,7 de la referida Ley  que considera intromisión ilegítima en el ámbito de protección de la Ley la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, así como el art. 9,3 de la citada LO 1/1982  en cuya virtud la existencia del perjuicio (en cuanto al daño moral) se presume siempre que se acredite la intromisión ilegítima (vid. STS de 7 marzo 2006) y el apdo. 5 de dicho precepto  que establece un plazo de caducidad de la acción de protección frente a dichas intromisiones ilegítimas, de cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas.

Daños y perjuicios; Daño moral; Prueba; Cuantificación de la indemnización…

La inclusión de datos inveraces en ficheros de morosos (bien porque la deuda es inexistente, bien porque su cuantía es inexacta), puede generar tanto daños de índole patrimonial como daños morales o extrapatrimoniales, proyectándose los primeros sobre los bienes de significación económica , mientras que los daños morales, de marcado matiz subjetivista, se basan en los perjuicios intangibles provocados por sentimientos de sufrimiento o padecimiento psíquico tales como el dolor, la angustia, el desasosiego, la intranquilidad, la zozobra, etc… y son realmente los que se derivan directamente de la lesión del derecho al honor.
Precisamente la LO 1/1982 de 5 mayo de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen  contiene un reconocimiento legislativo expreso de la posibilidad de resarcimiento de los daños morales, ya que el art. 9,3  señala que la indemnización debe extenderse al daño moral «que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido» añadiendo el precepto que «también se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma».
 

El TSJ

El Tribunal Supremo declara que la indemnización por indebida inclusión en un registro de morosos no ha de ser establecida de forma simbólica.
¿Cómo se establece la indemnización por indebida inclusión en un registro de morosos?
El Tribunal Supremo respondió a esta pregunta en sentencia dictada el 21 de septiembre de 2017, diciendo que es improcedente establecer indemnizaciones simbólicas por la intromisión ilegítima del derecho al honor como consecuencia de una indebida inclusión en un registro de morosos.
Los ELEMENTOS, según este Tribunal, que han de servir para determinar la cuantía de la indemnización en estos casos son:
  1. duración de la inclusión de los datos en el fichero de morosos.
  2. comunicación de esos datos a diversas empresas asociadas al fichero.
  3. resultado negativo de las gestiones realizadas por el afectado para obtener la cancelación de sus datos.
Veamos cómo aplica dichos elementos el Tribunal Supremo en la
 

SENTENCIA de 21.09.2017

Supuesto de hecho:
  • Un señor interpuso una demanda contra una empresa de telefonía por considerar que la inclusión de sus datos personales en sendos registros de morosos por un supuesto impago de 119,22 euros constituyó una intromisión ilegítima en su derecho al honor, y solicitó que se le excluyera de los registros de morosos a los que la empresa telefónica había comunicado sus datos personales.
  • El demandante solicitó una indemnización de 8.000 euros.
  • El Juzgado de Primera Instancia consideró que la inclusión de los datos personales del demandante en los registros de morosos había sido indebida y constituía una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante porque no se trataba de una deuda cierta y no constaba el previo requerimiento de pago.
  • El Juzgado estableció la indemnización por indibida inclusión en un registro de morosos  en la cantidad de los 8.000 euros reclamados, considerando que la inclusión en uno de los ficheros se prolongó durante nueve meses y en el otro, durante seis meses; que las gestiones del demandante para lograr la cancelación de sus datos en los registros de morosos fueron infructuosas porque ante su solicitud, la demandada confirmó la inclusión de los datos en los ficheros ; y que se produjeron siete «visitas» de otras tantas empresas (entidades financieras o empresas que funcionan mediante la concesión de crédito) a cada uno de los ficheros.
  • La empresa telefónica recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial consideró excesiva la indemnización y la rebajó a la cantidad de 1.500 euros.
 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN:

El Tribunal Supremo ante este supuesto declara:
  • El derecho al honor está reconocido en el  articulo 18.2 de la Constitución Española.
  • Se ha infringido el articulo 19.1de la Ley de Protección de Datos , así como el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982.
  • La sentencia recurrida infringe la doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras sentencia 26.04.2017), puesto que la Audiencia Provincial otorga una indemnización que ha de considerarse simbólica, sin tener en consideración que se ha vulnerado un derecho fundamental del demandante, que la inclusión indebida de sus datos personales se produjo en dos ficheros de morosos y durante un tiempo considerable (nueve y seis meses, respectivamente), que los datos fueron comunicados a varias entidades (siete comunicaciones en cada fichero ) y que el demandante ejercitó su derecho de cancelación al que la empresa de telefonía demandada se opuso injustificadamente.
  • Estas circunstancias no han sido tomadas en consideración por la Audiencia Provincial, que ha fijado una indemnización simbólica.
    Una indemnización de este tipo tiene un efecto disuasorio inverso. No disuade de persistir en sus prácticas ilícitas a las empresas que incluyen indebidamente datos personales de sus clientes en registros de morosos , pero sí disuade de entablar una demanda a los afectados que ven vulnerado su derecho al honor puesto que, con toda probabilidad, la indemnización no solo no les compensará el daño moral sufrido sino que es posible que no alcance siquiera a cubrir los gastos procesales si la estimación de su demanda no es completa.
  • Por estas razones, se casa la sentencia recurrida y en su lugar se establece correcta la indemnización de los 8.000 euros acordada por el Juzgado.

STS 176/2013, de 6 de marzo:

(…) La inclusión en los registros de morosos no puede ser utilizada por las grandes empresas para buscar obtener el cobro de las cantidades que estiman pertinentes, amparándose en el temor al descrédito personal y menoscabo de su prestigio profesional y a la denegación del acceso al sistema crediticio que supone aparecer en un fichero de morosos, evitando con tal práctica los gastos que conllevaría la iniciación del correspondiente procedimiento judicial, muchas veces superior al importe de las deudas que reclaman (…).
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